Sobre el Estado de bienestar – Grup de Reflexió per a l'Autonomia

«Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado.»
Mussolini

1. La tradición histórica del Estado de bienestar

Para la estabilidad y la solidez de todos los sistemas de dominación siempre ha sido mejor que el pueblo vea sus cadenas lo suficiente «ligeras» o «razonables». Que vea suficiente «benevolencia» en la organización social custodiada por el poder de unas élites. Si se puede garantizar que un sector importante de la sociedad no viva en un estado de fuerte e inextinguible descontento y consciencia de ser maltratado, el sistema se encontrará mucho más seguro.

Sobre ésta cuestión se ha llegado a teorizar abiertamente. Sólo hay que leer, por ejemplo, «El Príncipe», de Maquiavelo, o las afirmaciones de político conservador alemán Lorenz von Stein, que acuñó la noción de «Estado social», reconociendo su utilidad para evitar la revolución. La dominación más perfecta es aquella en que el esclavo tiene los amos en buena consideración.

Este «Estado Social» (también llamado «Estado Providencia») es el antecedente directo del actual modelo de «Estado de bienestar». Lo empezaron a instaurar las élites de las principales potencias europeas, en el proceso de consolidación de los «Estados-nación», durante la segunda mitad del siglo XIX[^1].

[^1]: Ver «Welfare State or Economic Democracy?» (Takis Fotopoulos, 1999) y «Estado social», articulo en Wikipedia (consultado el 3 de febrero de 2014).

Antes de esto, ya se había conocido el «pan y circo» del imperio romano y el despotismo ilustrado de los Estados monárquicos preliberales («todo para el pueblo pero sin el pueblo»).

Desde el discurso oficial y sistémico, urdido desde la academia, se dice que el Estado de bienestar forma parte de la trayectoria de evolución y progreso de las sociedades occidentales. De entrada, se reconoce que siempre se ha tenido que organizar la satisfacción de las necesidades de las personas y que, antes, si no lo hacía el Estado, lo hacía el pueblo con sus propios recursos. Entonces, se supone que es un gran avance en la historia de la humanidad, vinculado a alguna supuesta «evolución» en la consciencia social solidaria, que esta satisfacción pase a ser una cuestión «pública nacional», en manos del Estado.

2. La tradición histórica de la comunidad y la ayuda mutua

La «teoría del Progreso», doctrina oficial fundamental para la justificación del sistema actual, nos viene a decir que la sociedad de hoy en día, donde el Estado y el capitalismo se encuentran hiper-desarrollados, es mucho mejor que todos los estadios anteriores de la historia. Es de manual: los altavoces del sistema difunden que todo lo que existió fuera de él fueron horrores, aún peores que los actuales.

La realidad, no obstante, es que los Estado no han sido siempre tan omnipotentes y omnipresentes como hoy en día. En muchos momentos de la historia han predominado las prácticas populares y humanas de la ayuda mutua, el compartir, la reciprocidad, el trabajo colectivo para individuales o para el bien común… es vital que lo conozcamos y lo tengamos bien presente.

Todas estas prácticas florecían con notable vigor y en diversos lugares del mundo en los siglos anteriores al gran proceso de mercantilización capitalista de la tierra y el trabajo[^2]. El pueblo tenía un patrimonio propio, común o comunal, de grandes extensiones de campos, bosques, minas… de aprovechamiento colectivo, y de muchas otras infraestructuras productivas compartidas. Para gestionar este patrimonio común y tomar decisiones sobre la vida colectiva también contaba con instituciones de democracia real (es decir, directa), como el concejo abierto en la Península Ibérica[^3]. También se rastrea la tendencia a la mutua asistencia en otras formas de sociedades preestatales[^4].

[^2]: Ver, por ejemplo, «La gran transformación. Crítica del liberalismo económico» (Karl Polanyi, 1944).

[^3]: «El municipio ha sido en la península ibérica la formación social más parecida a la polis griega y también la más contraria al Estado. Su desarrollo entre los siglos XI y XIV tras un largo periodo desurbanizador representó la forma más lograda de sociedad fraternal e igualitaria, al menos en sus primeros momentos, cuando no se producían excedentes o éstos se dilapidaban de modo improductivo en fiestas, edificios públicos o batallas. Las relaciones con un poder territorial al principio sin capacidad coercitiva suficiente se basaban en la reciprocidad y no en la opresión. Las diferencias estamentales no eran importantes y las decisiones se tomaban en asamblea abierta; el vecindario se regía por normas dictadas por la costumbre y combatía la escasez con el aprovechamiento de tierras comunales. En tal sociedad sin Estado –o al menos fuera de su alcance—tuvo lugar la síntesis de lo rural y lo urbano que dio forma a una cultura rica e intensa, el primer rostro de nuestra propia civilización, hoy irreconocible. (…) El municipio fue durante mucho tiempo la célula básica y autónoma de la sociedad, el centro ordenador del territorio, la forma de su libertad política y jurídica ganada a pulso en lucha contra la Iglesia, la aristocracia o la realeza, el medio de una identidad mediante la cual sus habitantes pudieron intervenir como sujeto histórico en otros tiempos, que el desarrollo de patriciados, la propia decadencia, el Estado absolutista y la burguesía decimonónica se encargaron de cerrar.» (Miquel Amorós, «El segundo asalto. Forma y contenido de la revolución social», 2011). También es recomendable la lectura de «Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca» (Sales Santos Vera e Itziar Madina Elguezabal, 2012). Un clásico como Kropotkin lo estudia a nivel europeo en los capítulos V y VI de «El apoyo mutuo».

[^4]: «Anarquismo y antropología: Relaciones e influencias mutuas entre la Antropología Social y el pensamiento libertario» (coordinado por Beltrán Roca Martínez, 2010).

Más tarde, en la sociedad resultante de la revolución liberal e industrial el proletariado también organizó, influenciado por las ideas socialistas y por la tradición que conocen, viniendo del mundo rural, un amplio tejido social de apoyo mutuo. Al Estado español, desde el último cuarto del siglo XIX hasta 1939 en muchas ciudades se fueron extendiendo muchas y variadas formas de mutualismo, cooperativismo y solidaridad entre los obreros.

«(…) La razón número uno que llevo al ente estatal a constituir lo que luego se llamaría Estado providencia o Estado de bienestar o Estado social fue la destrucción de las expresiones, muchas y bastante poderosas, de autosuficiencia colectiva, cooperación en la base, autonomía organizativa, sistemas mutualistas de ayuda y asistencia, combatividad proletaria y manifestaciones autogestionadas de una cultura, un saber y un arte propios. Hasta la guerra civil había por todas partes sociedades obreras que con bastante eficacia y en el régimen de autogestión proporcionaban a sus socios y socias pensiones por enfermedad y jubilación, así como amparo a los familiares, hijos-hijas y viudas-viudos, en caso de incapacidad temporal, accidente o fallecimiento, a la vez que atención médica regular. Otras en un número enorme eran cooperativas de consumo de productos básicos, o de los insumos necesarios para que los artesanos, pescadores o agricultores pudieran realizar su trabajo en mejores condiciones. (…) Muchas cooperativas obreras tenían sus hornos de pan y otras infraestructuras básicas. Tales sociedades se servían de procedimientos de gestión tan sencillos como eficaces, realizados a la vista de todos los socios y socias, generalmente sin funcionarios asalariados.»[^5]

[^5]: «El Estado de bienestar ha contribuido decisivamente a la destrucción del movimiento obrero consciente y organizado», capítulo XXIV de «El giro estatolátrico. Repudio experiencial del Estado de bienestar» (Félix Rodrigo Mora, Edicions Maldecap, 2011). Ver también «Les cooperatives obreres de Sants. Autogestió proletària en un barri de Barcelona (1870-1939)» (Marc Dalmau e Ivan Miró, La Ciutat Invisible Edicions, 2010).

Todas estas estructuras y valores se tuvieron que destruir a sangre y fuego para poder instaurar, durante el franquismo, el Estado de bienestar en «España». Por esto fue imprescindible la intervención militar de 1936-1939.

3. La crítica al Estado de bienestar

Las personas anticapitalistas, que estamos a favor de la abolición de la propiedad privada y del trabajo asalariado, rechazamos la institución del Estado. Este posicionamiento había estado siempre claro, todos los análisis clásicos del pensamiento socialista reconocen que el Estado moderno y el capitalismo, desde su origen, fueron de la mano[^6]. Su complicidad y alianza, pues, es un hecho esencial histórico, no reciente, como insinúa quien habla de un supuesto «secuestro de la democracia» en manos de las élites capitalistas/financieras, o de la «teoría de las puertas giratorias»^7, como si fuera una novedad la alianza sistemática entre las élites políticas y las económicas.

[^6]: Aunque la tradición marxista-leninista hable de conquistar el Estado, su supuesto objetivo es acabar aboliéndolo para alcanzar una sociedad libre, y así lo debería reconocer abiertamente quien se enmarcara en esta tradición.

Esta complicidad ha sido olvidada en gran parte a consecuencia de las concesiones dadas a través del Estado de bienestar, con las que se ha conseguido «comprar» a las clases populares, haciendo que acepten la dominación del Estado, el capitalismo y todas sus estructuras jerárquicas. Pero si rechazamos el Estado, porque pensamos que las personas tienen que convivir autogobernándose y autoorganizando democráticamente la totalidad de su existencia, tenemos que rechazar también el Estado de bienestar.

Es fundamental contrarrestar el discurso hegemónico sistémico y socialdemócrata que defiende el Estado de bienestar como modelo legítimo, repitiendo incansablemente que lo que éste posee y gestiona es cosa de todos, es «público». No podemos aceptar la dicotomía oficial «púbico»(estatal)/privado. El Estado juega el papel de «policía bueno» y «los mercados» el de «policía malo», pero estas instituciones sólo son las dos caras de la misma moneda: un sistema de dominación y concentración de poder político y económico. La dicotomía esencial se encuentra entre la gestión y la propiedad popular o la gestión y la propiedad privada, sea esta capitalista o estatal.

Así pues, hoy en día es menester poner sobre la mesa y desarrollar una crítica fundamentada al «Estado de bienestar». Pensar y hacer esta crítica, con ánimo de encontrar criterios de superación a las dicotomías estériles, es cosa de todas las personas que apostamos por un cambio emancipador de la sociedad en que vivimos. A continuación exponemos algunos motivos que nos llevan a impugnar la dominación estatal del mismo modo que impugnamos la dominación capitalista:

El Estado de bienestar es, en esencia, una institución pro-capitalista. Así, ha fomentado conscientemente, mediante todo tipo de leyes, regulaciones y acciones, el crecimiento de la economía de mercado y la expansión del consumo, así como el desarrollo del gran capital privado[^8]. Muchos sectores clave de la economía no serían rentables si no fuera por el fomento, mantenimiento y incondicional apoyo económico y político otorgado por el Estado.
El Estado de bienestar es un órgano al servicio del mantenimiento de los privilegios de un sector de la población y de una pequeña parte del mundo. Son los países del «primer mundo», y en particular las clases medias de estos, los que se benefician del Estado de bienestar. Estos «privilegios» no se podrían generalizar, se trata de un juego de suma cero: para que unos «ganen» los demás tienen que perder.
El Estado de bienestar es el resultado del abandono y la degradación de los anhelos socialistas. Éste se fundamenta ideológicamente en el keynesianismo, corriente que forma parte de una trayectoria de completa deriva de las ideas revolucionarias hacia la claudicación y la aceptación de la sociedad capitalista. La «socialdemocracia» olvida totalmente los principios y objetivos del socialismo: construir una sociedad hermanada, sin clases ni Estados, sin explotados ni explotadores, gobernantes ni gobernados. A la vez, los partidos y movimientos sociales socialdemócratas abrazan las instituciones y estructuras del sistema, pasando a ser una parte integral y fundamental de éste en cuestión de poco tiempo[^9].
El Estado de bienestar promueve el desarrollo de una sociedad-granja. La idea de fondo del modelo «bienestarista» estatal es que una sociedad es aceptable, justa y democrática si los pastores pueden ofrecer suficiente pienso al pueblo-rebaño. Este modelo, pero, pasa por alto que la libertad, individual y colectiva, como capacidad y responsabilidad de autodeterminarse, es un bien humano fundamental, y en la medida que no luchamos por ella ni vimos en acorde a ella, que preferimos el bienestar material y la comodidad, vamos a peor.
El «Estado social» es anti-social. El Estado de bienestar promueve un modelo en que tienden a ir desapareciendo los entramados de relaciones horizontales entre iguales que habían caracterizado la vida de las personas desde tiempos inmemoriales: la sociedad queda articulada en base a un cúmulo de relaciones verticales entre el Estado y los individuos, cada vez más sólos y aislados. La seguridad que nos otorgan las posesiones privadas, el dinero y el Estado ha eclipsado la seguridad autónoma popular que pueden brindar las relaciones humanas. Esto conlleva una caída en picado de las capacidades y potencialidades relacionales y afectivas de las personas y, así, del valor de la vida humana.
El Estado de bienestar fomenta una dependencia peligrosa. Ya que las estructuras de bienestar son una concesión de las élites, su retirada o reducción se encuentra en manos de la voluntad de éstas y de los imperativos que recaen sobre ellas, no en manos del pueblo. Así, en un primer momento el Estado pretendió garantizar él mismo el cuidado de los ciudadanos y muchas personas lo aceptaron y renunciaron a procurarse su propia autonomía. Una vez llevado a cabo este proceso, llega un punto en que el Estado deja las personas abandonadas a su suerte, y éstas se encuentran más desvalidas y desamparadas que nunca, pues han perdido todos los vínculos afectivos y materiales que en otros momentos históricos les habían permitido vivir de los propios recursos.
El Estado de bienestar es una forma amable de maquillar la verdadera naturaleza de la institución estatal. Así, cuando la maquinaria estatal otorga «concesiones» consigue invisibilizar su cara más oscura y cruda, su esencia: militar (la defensa constitucional[^10], en última instancia, del «orden» capitalista y las operaciones imperialistas en países lejanos, enfocadas en los intereses económicos y geoestratégicos y en las futuras guerras), policial (los diversos cuerpos «de seguridad», cada vez dotados de más poder y recursos), judicial-represiva (el encarcelamiento sobre todo de personas de clase baja, delincuentes menores, marginados disidentes e «ilegales») y recaudadora (acaparando mayoritariamente la plusvalía que genera el pueblo a través de la recaudación mediante impuestos sobre el trabajo, el consumo y otros, multas… apropiándose aproximadamente de la mitad del PIB en los países ricos y revertiendo estos recursos en el mantenimiento de sus propios privilegios y para fortalecer sus instituciones centralistas y burocráticas).
La «sociedad del bienestar» es eco-destructiva e insostenible. Así, por un lado, el «bienestar» y la «prosperidad» en las sociedades «desarrolladas» contemporáneas implican unos niveles de producción y consumo y un uso de unas tecnologías que conllevan una destrucción y contaminación de la naturaleza nunca vistas en la historia de la humanidad, así como un delirante despilfarro de recursos. Por el otro, actualmente estamos entrando en un período histórico de decreciente disponibilidad de energía y recursos[^11]. A medida que vayamos entrando en este período probablemente nos daremos cuenta del ilusorio tiempo ultra-consumista en el que habremos vivido durante unos años y de la necesidad y deseabilidad de vivir en armonía con el entorno natural y respetándolo.

[^8]: Este hecho se encuentra explicado en «¿Debe el Estado ayudar a las multinacionales españolas? Impactos ambientales y sociales del apoyo público a la internacionalización?» (Miquel Ortegra Cerdá, 2007).

[^9]: Tenemos el ejemplo paradigmático de los Verdes alemanes, explicado en «Del partit-antipartit al partit-partit. Breu història del partit verd alemany» (Georgy Katsiaficas, fragmento del libro «The Subversion of Politics»).

[^10]: En los artículos 55, 116 y 117.5 de la Constitución española de 1978 y en la ley orgánica sobre «Estados de alarma, excepción y sitio» se estatuye la intervención de las formas militares en estos casos.

[^11]: Sobre la crisis energética, ver las aportaciones más importantes del pedagógico blog «The Oil Crash», de Antonio Turiel, y «La quiebra del capitalismo global: 2000-2030. El inicio del fin de la energía fósil: una ruptura histórica total» (Ramón Fernández Durán, 2011).

4. Esbozando la crítica a dos pilares esenciales del Estado de bienestar: la educación y la sanidad «públicas»

Si bien entendemos que lo que mueve a muchas personas a defender una sanidad y una educación «públicas» es una voluntad legítima de educarse y formarse así como de mantener y restaurar la salud, percibimos que, como con tantas otras cosas, las instituciones establecidas se encargan de canalizar estas voluntades populares con las estrategias que más fortalezcan y promuevan sus intereses y valores. Estas estrategias en el caso que nos ocupa son la educación estatal y la sanidad estatal. Así, como hemos explicado al principio, si bien en algunos momentos históricos ha sido el pueblo organizado quien se ha hecho cargo, como ha podido, de la satisfacción de las necesidades de educación y salid, la tendencia imperante desde la extensión de la figura del Estado de bienestar ha sido hacia la delegación de la gestión de estas necesidades en manos de la institución estatal y sus funcionarios, lo que ha conllevado numerosas problemáticas.

Aún así, la cuestión esencial que se pone encima de la mesa en la defensa o no de los servicios «públicos» radica en la confusión entre la forma y el contenido. Así, estos se defienden sobre todo por su forma (mayoritariamente se entiende por «público» lo de acceso universal y subvencionado por el conjunto de la ciudadanía) y no se cuestiona su contenido, que es mayoritariamente idéntico al de los servicios «privados».

En el caso de la escuela «pública», esta persigue los mismos fines que la privada: inspirar y promover los (dis)valores que más interesan al sistema socioeconómico establecido[^12]. Así, la delegación de la educación del pueblo en manos de sus instituciones escolares y universitarias «públicas» (o «privadas») conlleva una progresiva tendencia al adoctrinamiento en los valores del sistema; las élites invierten recursos en la educación para generar personas que sólo sean mano de obra y consumidoras, obedientes, competitivas y egoístas, para mantener un elevado nivel de sumisión social y aceptación de las instituciones y valores dominantes. Así, cada vez se hace más evidente que la función primordial del actual sistema de enseñanza es la enseñanza del sistema[^13].

[^12]: Es altamente recomendable la lectura de «Infancia y control social. Desmontando mitos sobre la institución escolar», trabajo del pedagogo Mario Andrés Candelas publicado en el tercer número de la revista «Estudios».

[^13]: «De la educación sumisa al aprendizaje en libertad» (Blai Dalmau, 2009).

Otra función del sistema de enseñanza oficial –público y privado– es promover el anti-pensamiento y la irreflexión, anular la creatividad y homogeneizar las mentes, además de hacer que los alumnos aborrezcan el aprendizaje. Detrás de toda práctica educativa subyace un ideal de persona y de mundo y el ideal actual no es «neutral» y no está en manos de las personas ni al servicio del bien común, sino que responde a los intereses de las élites del momento y del sistema estatal-capitalista. Teniendo esto en cuenta, el actual modelo debería causar una profunda repugnancia a cualquier persona que cuestione el presente estado de las cosas y que dé importancia a la educación. No es, pues, la educación privada la única que está a favor de los intereses del capital (y del Estado), la «pública» estatal también lo está. Una educación a favor de estos intereses nunca debería pretender ser medida con la perspectiva de si es o puede ser «de calidad», como insinúa mucha gente.

Respecto a la sanidad «pública», se mantiene la confusión entre el hecho de que sea una sanidad «de acceso universal» y de «financiamiento compartido» y el hecho de que sea «buena». Pero la delegación en el ámbito de la salud en las instituciones del sistema sanitario establecido no es menos perjudicial que en el ámbito de la educación. Así, en el terreno sanitario no es la sanidad privada la única que está al servicio del capital privado. Las grandes empresas farmacéuticas y proveedoras de tecnología y material hospitalario se aseguran de establecer cuál ha de ser el modelo sanitario estatal para «asistir» al pueblo. La cuestión, como siempre, es la búsqueda de la maximización de los beneficios por parte de las élites y del aumento de la dependencia por parte de la ciudadanía. Así, la cuestión de la salud se aborda de un modo totalmente ineficiente y caro, que está lejos de buscar el bien común. Por un lado, en vez de promover la prevención y la sanación de las causas de la enfermedad, el actual modelo sanitario fomenta la paliación de los síntomas. Por el otro, la sanidad «pública», igual que la privada, no promueve la autonomía, el conocimiento y la responsabilidad de las personas para mantenerse saludables, sino la dependencia de los «expertos» –personas que desgraciadamente cada vez se ven más obligadas a seguir protocolos impuestos desde arriba– y del hiperconsumo de medicamentos y demás productos y tecnología que proporcionan en exclusiva las grandes corporaciones. La «farmafia» va de la mano de la sanidad estatal igual que de la sanidad privada igual que de la sanidad privada[^14].

[^14]: Josep Pàmies, de la asociación «Dulce Revolución», hablando claro: http://www.youtube.com/watch?v=WhgGWVP8AZ8. «La mafia médica» (Guislaine Lanctôt, 1994). «La farmafia». Entrevista a Ghislaine Lanctôt.

Así pues, el quid de la cuestión para afrontar la defensa de lo público en relación a la educación y la sanidad es salir de las dicotomías del sistema e ir a la esencia de los problemas. Esto implica redefinir el concepto de lo público: lo público es aquello de lo que el pueblo controla la forma y el contenido. Para controlar la forma y el contenido necesitamos que el pueblo vuelva a ser un sujeto diferenciado del Estado. Sin el pueblo organizado no disponemos de un contenido y de unas formas ajenas al poder oligárquico y a sus valores y el Estado y el mercado se encargan de instaurar los suyos. Seguir defendiendo incansablemente lo público tal y como se hace actualmente es seguir manteniendo y reproduciendo la tergiversadora identificación entre el pueblo y el Estado. Para recuperar una educación y una sanidad verdaderamente públicas y de calidad es imprescindible recuperar el pueblo.

5. Hacia un posicionamiento actual sobre el Estado de bienestar

Hoy, inmersos en la actual situación de crisis económica, cada vez más personas se ven empujadas a la pobreza y la precariedad. Esto pasa a la vez (y a causa de) que el Estado y los distintos gobiernos autonómicos recortan presupuestos destinados a ayudas sociales y a financiamiento «público», para satisfacer los intereses de las élites transnacionales y poderse mantener compitiendo en el marco de una economía altamente internacionalizada. A esto se suman las reformas laborales, dictadas desde el marco estatal-capitalista internacional, que han rebajado substancialmente los derechos de los trabajadores asalariados.

Para afrontar este contexto, por un lado, el planteamiento mayoritario dentro de los movimientos sociales es el de las movilizaciones contra los recortes. Éstas se enfocan bajo la perspectiva, más explícita o menos explícita, de volver a lo que había antes de la crisis. Por el otro, existe el planteamiento revolucionario, que busca ir a las raíces de los problemas. Este planteamiento se enfoca explícitamente en el objetivo de construir una sociedad nueva.

Para fomentar la conciencia para extender este segundo planteamiento, es fundamental difundir la crítica al sistema estatal-capitalista en general, así como la crítica al Estado de bienestar en particular, como hemos empezado a hacer en este texto. Y juntamente con la crítica es imprescindible, también, desarrollar un claro, firme y coherente posicionamiento revolucionario respecto a esta cuestión. Esto implica mantener a la vez la coherencia con el planteamiento revolucionario y la coherencia con las problemáticas sociales inmediatas.

Esta concordia es posible, a pesar de que actualmente casi no se haya logrado. Hoy en día se intentan atender las cuestiones relacionadas con los recortes al Estado de bienestar pero sin mantener una coherencia revolucionaria, incluso desde sectores que se consideran libertarios[^15]. Es importante, pues, avanzar hacia un posicionamiento que aborde ambas cuestiones. En este sentido, a continuación se presenta una propuesta.

[^15]: Un buen ejemplo de esta incoherencia y del mantenimiento de falsas dicotomías Estado-Mercado es Noam Chomsky, que con sus teorías insta a los anarquistas a ser «realistas» y a luchar para ensanchar la jaula estatal frente al depredador mercantil. Un artículo que lo critica es «El efecto Chomsky o el anarquismo de Estado» (Claude Guillon, 2004).

El posicionamiento que presentamos lo desglosamos en dos partes, una que debería ser claramente compartida por todas aquellas personas, colectivas y organizaciones que nos consideramos revolucionarias, y otra que da margen a diferentes puntos de vista, análisis, valoraciones y decisiones, etc.

1. Lo que tiene que ser claramente compartido por las personas que nos consideramos revolucionarias:

Primero, nos adherimos al proyecto revolucionario. Esto implica:

Una crítica fundamentada al sistema actual. A su naturaleza, dinámicas e instituciones fundamentales (el Estado: la legalidad constitucional, la falsa «democracia» parlamentarista y partitocrática, los cuerpos militares, policiales, judiciales y carcelarios, etc. y el capitalismo: la propiedad privada de los medios económicos, el trabajo asalariado, la economía de mercado, etc.) y a los (dis)valores e idearios que promueve y lo sostienen. Esto difiere substancialmente de la inmensa mayoría de discursos actuales, críticos con lo superficial –con las consecuencias– y acríticos con lo esencial –con las causas–. Esta crítica debe ser clara, firme y pública, porque hay que abrir el debate sobre todas estas cuestiones fundamentales que parecen intocables. La apertura de este debate es un frente revolucionario fundamental a asumir, el frente ideológico. Los sectores auto-llamados revolucionarios que hacen discursos capitalistas o estatistas para llegar más fácilmente a más gente y/o conseguir más votos contribuyen a que no se avance en esta cuestión. Para que las ideas revolucionarias algún día puedan volver a formar parte de la conciencia de muchas personas hay que exponerlas y defenderlas claramente desde ya mismo.
Una visión general de los principios de la alternativa con que se quiere sustituir el sistema actual (sociedad basada en la soberanía de asambleas populares locales, la libre federación de comunidades, la propiedad compartida de los medios de producción, la buena convivencia, el respeto, el afecto y la no-dominación entre las personas, la reintegración con la naturaleza…).
Una apuesta discursiva y práctica por una estrategia transformadora. Esto supone, primero, implicarse en la reflexión profunda y el debate abierto –en el momento presente y siempre– sobre cómo avanzar en el camino hacia la nueva sociedad anhelada. Consideramos que una de las tareas fundamentales en este sentido es la construcción de bases de poder popular que serían los gérmenes de esta nueva sociedad, con las que nos alejamos del paradigma del sistema poniendo en práctica la autoorganización horizontal y mostramos socialmente la viabilidad de ésta.

Segundo, siempre que apoyemos o nos involucremos en luchas defensivas, para presionar contra la retirada de algunas formas de asistencia estatal y poner freno al agravamiento de la injusticia social y los ataques del sistema, lo hacemos desde un discurso claramente antisistémico, nítidamente diferenciado de los parámetros reformistas-socialdemócratas, a la vez que no dejamos de dedicar los esfuerzos más vitales a lo constructivo.

2. Lo que las personas que nos consideramos revolucionarias podemos ver de maneras diferentes

¿A qué luchas dar apoyo? ¿Qué cantidad de energía dedicarle? Esto puede ser discutible, ante los escenarios presentes y futuros. No toda la gente revolucionaria tiene que ver conveniente, por importante o estratégico –teniendo en cuenta las propias energías, finitas–, destinar la misma cantidad de energías, recursos y esfuerzos a las distintas luchas, reivindicaciones y resistencias.